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Consumo

27/03/2025@12:52:32

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador contra una gran inmobiliaria por prácticas abusivas hacia inquilinos. Esta investigación se enmarca en un esfuerzo más amplio del ministerio, que también está examinando a otras agencias por el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a los arrendatarios.

Organizaciones de consumidores de 31 países europeos han expresado su apoyo a las sanciones impuestas por el Gobierno de España a cinco aerolíneas low cost. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participó en una reunión de la Organización Europea de Consumidores donde se discutieron estas medidas. Esta iniciativa busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar un servicio adecuado en el sector aéreo.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha publicado las sanciones impuestas a cinco aerolíneas low cost, incluyendo Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, por un total de casi 179 millones de euros. Estas sanciones se deben a prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano y la selección de asientos para pasajeros dependientes. Esta es la primera vez que se hacen públicas las resoluciones sobre estas infracciones catalogadas como muy graves. Las multas son las más altas impuestas en España en este ámbito y responden a normativas europeas que protegen los derechos de los consumidores.

El ahorro, comprando en Alcampo y en Gadis, por poner un ejemplo, puede ser de 800 euros al año. Comparamos los precios de varias cadenas de supermercados, tanto en productos de marca como propios.
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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió en Ibiza con el conseller de Turismo para abordar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares. Según datos de Consumo, más de 7.000 viviendas turísticas se anuncian sin el número de licencia, lo que representa un 30% del total. Bustinduy destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la vivienda para los residentes, sino que también constituye publicidad ilícita. Además, se discutieron investigaciones sobre prácticas engañosas en el alquiler y el impacto negativo de estos alojamientos en el mercado inmobiliario local. El Consell de Ibiza ha implementado medidas para combatir el intrusismo y promover un turismo regulado.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes de junio sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico.