El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por incumplimientos en la normativa sobre publicidad y licencias. La investigación, que comenzó en junio, reveló que miles de anuncios no cumplían con el requisito de mostrar el número de licencia. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros, y se enmarcan en un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en España y proteger los derechos de los consumidores. Esta acción se suma a otras investigaciones sobre prácticas abusivas en el sector inmobiliario y el alquiler.
La Dirección General de Consumo, bajo el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que lidera Pablo Bustinduy, ha dado inicio a un expediente sancionador que abre un periodo para la instrucción del caso y la posterior resolución. Esta acción se deriva de una investigación que comenzó en junio, cuando se solicitó información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos sobre las viviendas publicitadas en sus sitios web.
En este contexto, se emitió un requerimiento adicional a una de las plataformas instándola a retirar, "de forma inminente", miles de anuncios de viviendas turísticas que no cumplían con la obligación de mostrar su número de licencia.
Meses después del inicio de la investigación, y tras constatar que los anuncios permanecen activos, la Dirección General ha decidido incoar el expediente sancionador. Según la normativa vigente, estas prácticas podrían ser consideradas infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros. En ciertos casos, esta cifra podría multiplicarse entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma.
Es importante señalar que los anuncios objeto de investigación están siendo comercializados en varias comunidades autónomas, lo cual podría implicar "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios". Además, se estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales al no cumplir con la normativa sobre publicidad ilícita.
El ministerio dirigido por Bustinduy también ha comenzado a investigar a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Esta indagación se centra en empresas que gestionan cientos de alojamientos turísticos en distintas regiones del país.
A su vez, existe otra investigación abierta contra diversas agencias inmobiliarias acusadas de llevar a cabo prácticas abusivas hacia los inquilinos. Estas incluyen exigir comisiones por gestión del arrendamiento o imponer contratos temporales sin justificación adecuada.
Todas estas acciones forman parte del compromiso del gobierno para abordar la crisis de vivienda en España. Bustinduy ha manifestado en reiteradas ocasiones que este es uno de los problemas más acuciantes del país. "Miles de familias viven al límite debido a la situación habitacional, mientras unos pocos se benefician económicamente", ha declarado el ministro, enfatizando que "ninguna empresa puede estar por encima de la ley".
El Ministerio ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar anuncios que incumplen la normativa, específicamente por no ofrecer el número de licencia requerido.
La investigación comenzó en junio del año anterior con un requerimiento de información a diversas plataformas sobre los anuncios de viviendas turísticas.
Las prácticas mencionadas pueden ser consideradas infracciones graves, con multas que pueden llegar hasta 100.000€, e incluso más si se considera el beneficio ilícito obtenido.
Se están investigando prácticas comerciales desleales, incluyendo la falta de publicidad del número de licencia cuando es obligatorio, lo cual podría lesionar los intereses de consumidores y usuarios.
El objetivo es contribuir a atajar la crisis de vivienda en España y asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley en sus prácticas comerciales.