Las organizaciones ambientales Transport & Environment y Carbon Market Watch han desvelado los datos totales de emisiones de las aerolíneas de la UE en 2019. Se trata de la primera vez que estos datos salen a la luz, ya que hasta ahora solo se disponía de las emisiones contempladas dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), es decir, las de los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo. La conclusión es demoledora: menos de un tercio de las emisiones totales son objeto de regulación, lo que implica que a día de hoy las aerolíneas europeas pueden contaminar libremente en sus operaciones fuera del mencionado espacio económico.
Dichas operaciones, la mayor parte rutas de largo alcance, constituyen el grueso de la actividad de las principales compañías de la UE. Por ejemplo, para Lufthansa, Air France y British Airways las emisiones no reguladas constituyen el 77 %, el 83 % y el 86 % respectivamente del total. Hay que recordar que, debido a la ausencia de regulación, las aerolíneas no pagan un céntimo por las emisiones de CO2 generadas en esos vuelos, que en 2019 fueron de 65,9 millones de toneladas.
En el caso de las aerolíneas españolas, destaca el caso de Iberia, que en 2019 lanzó a la atmósfera 5,67 millones de toneladas de CO2, de las cuales el 83 % se beneficiaron del limbo legal generado por la ausencia de marcos regulatorios. La compañía del grupo IAG representó la sexta aerolínea de la UE con mayor volumen de emisiones y la tercera en proporción de emisiones no reguladas.
Por su parte, Air Europa emitió 2,34 millones de toneladas de CO2, de las cuales tan solo el 28,6 % estuvieron sometidas a algún tipo de regulación. Finalmente, Vueling, con una cifra total de emisiones muy similar (2,33 millones de toneladas de CO2), registró un alto porcentaje de emisiones reguladas (93,9 %), como consecuencia del carácter eminentemente intraeuropeo de sus operaciones.
Según Andrew Murphy, director de aviación de T&E, “después de un año entero despilfarrando ayudas en rescates de aerolíneas, los gobiernos deben plantearse un cambio de rumbo y concentrarse en hacer que el sector sea más ecológico. Se debería obligar a las aerolíneas a pagar por las emisiones de todos sus vuelos, y exigirles que utilicen combustibles más limpios”.
En la actualidad, según la normativa comunitaria, las aerolíneas tan solo pagan por las emisiones de los vuelos que tienen lugar dentro del Espacio Económico Europeo. En 2008, la UE intentó incluir la aviación de larga distancia en el RCDE, pero el sector presionó hasta conseguir que los vuelos entre países de la UE y de fuera de la UE quedaran excluidos de la normativa reguladora. El pretexto era permitir la creación de un sistema internacional de regulación de las emisiones de CO2 auspiciado por Naciones Unidas que reuniera al conjunto de las aerolíneas a nivel global.
Este sistema de regulación, promovido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y conocido como Corsia, tiene como objetivo mantener las emisiones del sector en niveles de 2020. De aplicación obligatoria por los Estados solo a partir de 2027 y basado fundamentalmente en la figura de las compensaciones de emisiones, Corsia ha generado importantes críticas por su falta de ambición y sus capacidades reales de reducir las emisiones del sector.
Según un estudio encargado por la Comisión Europea publicado la semana pasada, el sistema Corsia podría en realidad socavar los esfuerzos climáticos europeos. Según el análisis, realizado en Septiembre de 2020 y hasta ahora no publicado, es probable que el sistema promovido por la OACI no consiga alterar materialmente el impacto climático del transporte aéreo, debido a su diseño y falta de transparencia y aplicabilidad.
En palabras de Gilles Dufrasne, responsable de políticas en Carbon Market Watch, “Corsia no es más que una excusa barata de la que se sirve el sector de la aviación para seguir actuando como hasta ahora. En lugar de defenderlo, la UE debería oponerse a las voces del sector que reclaman el desmantelamiento del RCDE europeo. Debemos poner fin a las exenciones de las que se benefician actualmente las aerolíneas, incluida la libre distribución de permisos de contaminación. Sustituir las políticas actuales por el sistema Corsia tendría el efecto contrario”.
En estos momentos, la Comisión Europea se encuentra en un proceso de revisión de su régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), con el objetivo de determinar si los vuelos que entran o salen del Espacio Económico Europeo deben formar parte de él, así como de decidir una fórmula para articularlo con el sistema Corsia. Según un estudio de Transport & Environment, la sustitución del RCDE por el sistema Corsia en la UE supondría un aumento de las emisiones de aproximadamente 683 millones de toneladas en el periodo 2021-2030.
Pablo Muñoz, coordinador de la campaña de Aviación de Ecologistas en Acción: “La UE debe mostrar mucha mayor ambición en sus políticas de descarbonización del sector de la aviación. Para ello, no solo debe reforzar el RCDE, sino también establecer medidas fiscales como el impuesto al queroseno, cancelar toda financiación de aumento de infraestructuras aeroportuarias y promover la utilización de biocombustibles avanzados con estrictos criterios de sostenibilidad”.