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Ministerio de Derechos Sociales

21/02/2025@13:56:58
El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas engañosas. Estas incluyen la difusión de información falsa, como presentar a una empresa como si fuera un particular en anuncios de alojamientos. La investigación, que comenzó en diciembre, revela que estas prácticas podrían estar perjudicando a los consumidores y son consideradas infracciones graves bajo la Ley de Competencia Desleal. Las multas pueden alcanzar hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido. Esta acción se suma a esfuerzos anteriores para proteger los derechos de los consumidores y regular el acceso a la vivienda en el país.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió en Ibiza con el conseller de Turismo para abordar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares. Según datos de Consumo, más de 7.000 viviendas turísticas se anuncian sin el número de licencia, lo que representa un 30% del total. Bustinduy destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la vivienda para los residentes, sino que también constituye publicidad ilícita. Además, se discutieron investigaciones sobre prácticas engañosas en el alquiler y el impacto negativo de estos alojamientos en el mercado inmobiliario local. El Consell de Ibiza ha implementado medidas para combatir el intrusismo y promover un turismo regulado.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes de junio sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico.
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El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por incumplimientos en la normativa sobre publicidad y licencias. La investigación, que comenzó en junio, reveló que miles de anuncios no cumplían con el requisito de mostrar el número de licencia. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros, y se enmarcan en un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en España y proteger los derechos de los consumidores. Esta acción se suma a otras investigaciones sobre prácticas abusivas en el sector inmobiliario y el alquiler.